Guasave, Sinaloa.- La Dirección de Vialidad y Transporte del Estado de Sinaloa informó mediante un comunicado oficial que, a partir del 10 de noviembre y hasta nuevo aviso, únicamente el municipio de Culiacán estará autorizado para expedir los “Permisos para Circular sin Placas”, trámite que será realizado exclusivamente por el Departamento de Placas y Licencias de Culiacán.
La medida, según se indica, tiene como finalidad fortalecer el control vehicular en toda la entidad y prevenir delitos relacionados con unidades sin identificación oficial. Con esta disposición se pretende mejorar la trazabilidad y la verificación de las unidades, además de facilitar el trabajo de las corporaciones de seguridad pública en la detección de vehículos irregulares o vinculados con actividades ilícitas.
Desde la delegación de Vialidad y Transporte en Guasave se confirmó que en dicho municipio no se estarán otorgando permisos para circular sin placas, por lo que cualquier persona que necesite realizar este trámite deberá acudir obligatoriamente a Culiacán. Las autoridades recuerdan que esta disposición permanecerá vigente hasta que el Estado emita un nuevo aviso oficial.
Sin embargo, usuarios y contribuyentes han expresado su inconformidad ante los efectos que esta centralización tiene en la práctica. Lo que antes podía resolverse en la delegación municipal ahora obliga a trasladarse a la capital del estado para un permiso que dura apenas unos días.
El trámite exige presentar factura endosada, baja de placas, identificación oficial, póliza de seguro vigente, comprobante de domicilio y dos copias de cada documento, conforme al esquema señalado en el portal oficial de trámites del estado.
Para contribuyentes de municipios alejados como Guasave el traslado a Culiacán implica gastos extras (combustible, alimentación, pérdida de jornada laboral) y además asumen el riesgo de tener sólo una vigencia corta del permiso, de 3 a 5 días según usuarios, por lo que en caso de contratiempo deben repetir el desplazamiento.
El principio de accesibilidad en la prestación de servicios públicos queda en entredicho cuando éste se concentra en un solo punto geográfico para miles de sinaloenses. La medida, aunque presentada como un proceso de “ordenamiento”, comienza a mostrar su impacto sobre familias, trabajadores y comerciantes que solo buscan cumplir la ley.
Como lo expresó un conductor recientemente: “Piden todo en original y dos copias, y sólo dan permiso de 3 a 5 días”. Esa frase resume la frustración general: un trámite más complejo, más caro y más distante.
La interrogante queda vigente: ¿cuántos usuarios más tendrán que asumir estos costos ocultos? Y ¿qué tan compatible es esta medida con la garantía de acceso igualitario a los servicios del estado?
