Entre Veredas por: Marco Antonio Lizárraga
Modestia aparte…
REFORMAS
La ruta de la reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a definirse con mayor claridad, aunque aún no exista una iniciativa formal presentada.
Las señales políticas apuntan hacia un rediseño orientado a reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento público a los partidos, compactar estructuras institucionales y replantear el modelo de representación plurinominal sin eliminarlo por completo.
Más que una modificación técnica, la discusión coloca en el centro el equilibrio entre austeridad pública, representación democrática y estabilidad del sistema electoral.
En este contexto surge una primera pregunta clave: ¿la reducción de costos fortalecerá realmente la eficiencia institucional o, por el contrario, podría debilitar las capacidades técnicas de los órganos electorales?
Desde la óptica positiva, la intención de hacer más eficiente y menos costoso el aparato electoral responde a una demanda social legítima.
En un país con desigualdades profundas, resulta difícil justificar estructuras demasiado grandes o presupuestos crecientes sin revisión crítica.
Redimensionar organismos, compactar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y modernizar procesos no implica necesariamente debilitar el arbitraje democrático; en el mejor escenario, podría derivar en mayor eficiencia operativa y en un sistema menos oneroso para el erario.
La apuesta por la fiscalización mediante tecnología abre otra interrogante relevante: ¿la sustitución de burocracia por herramientas tecnológicas será suficiente para vigilar el gasto político, o requerirá siempre acompañamiento humano especializado para evitar sesgos y omisiones?
Asimismo, modificar el esquema de plurinominales para reducir el control de las cúpulas partidistas podría oxigenar la representación; sin embargo, cabe preguntar si este rediseño democratizará verdaderamente la selección de candidatos o solo desplazará el poder de decisión a otros espacios internos del sistema partidista.
Del otro lado del debate, los riesgos también son evidentes y no pueden minimizarse. Reducir el financiamiento público a los partidos no significa necesariamente que habrá menos dinero en la política; por el contrario, existe el peligro de que aumente la dependencia de recursos privados, aportaciones opacas o influencias fácticas difíciles de rastrear.
¿Disminuir el financiamiento institucional reducirá el gasto electoral… o abrirá espacios para capitales no transparentes que terminen condicionando la competencia? La experiencia comparada sugiere que recortes sin regulación estricta suelen desplazar —no eliminar— el flujo de recursos.
Del mismo modo, compactar estructuras electorales locales o reducir consejeros puede traducirse en debilidad operativa si no se acompaña de fortalecimiento técnico y garantías de autonomía.
Surge entonces otra pregunta inevitable: ¿la centralización institucional permitirá mayor orden administrativo o terminará erosionando la capacidad de respuesta frente a conflictos electorales complejos a nivel local?
Otro punto sensible es la naturaleza eminentemente política del proceso. El hecho de que la comisión asesora solo genere insumos y que la decisión final recaiga en la presidencia y su coalición de gobierno evidencia que la reforma responderá en buena medida a la correlación de fuerzas del momento.
El desafío consiste en que los cambios no se diseñen desde la conveniencia coyuntural, sino desde una perspectiva de largo plazo.
De ahí que resulte pertinente cuestionar si la reforma está pensada para garantizar sustentabilidad democrática más allá del actual ciclo de poder, o si corre el riesgo de convertirse en una reconfiguración funcional a la mayoría vigente.
El debate de fondo no gira únicamente en torno a cuánto cuesta el sistema electoral, sino a qué tanto debe costar para seguir garantizando certeza, imparcialidad y legitimidad.
Un modelo institucional sustentable no se define solo por el ahorro, sino por su capacidad de equilibrar eficiencia con autonomía, modernización tecnológica con vigilancia efectiva, simplificación administrativa con preservación de contrapesos y reformas a la representación que no erosionen la pluralidad política.
En este sentido, conviene preguntarse qué indicadores permitirán evaluar, con el paso del tiempo, si la reforma fortaleció o debilitó la calidad democrática del país y quién gana y quién pierde políticamente con esta reconfiguración del sistema electoral.
La reforma electoral que se perfila representa, al mismo tiempo, una oportunidad y un riesgo.
Puede modernizar estructuras, ordenar el gasto y acercar la política a un estándar institucional más sobrio; pero también puede derivar en concentración de poder, pérdida de capacidades técnicas y apertura a financiamiento no regulado si no se diseña con rigor y contrapesos claros.
Entre la austeridad presupuestal y la garantía democrática existe una línea fina.
El reto para el gobierno será cruzarla sin romperla, demostrando que los cambios no buscan acomodarse al poder del presente, sino fortalecer las reglas del juego para todos los futuros posibles.
TRABAJO
El nombramiento de Víctor Guzmán Dagnino como director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) llega en un momento clave para la política pública de vivienda y ordenamiento territorial en México.
No se trata solamente de un relevo administrativo; es la confirmación de que el país entra en una fase donde el acceso a la tierra, la certeza jurídica y el desarrollo urbano ordenado dejan de ser asuntos técnicos para convertirse en temas estratégicos de bienestar social.
La meta institucional es contundente: avanzar hacia la regularización del suelo y la entrega de escrituras a cientos de miles de familias, como parte del objetivo federal que busca alcanzar el millón de documentos patrimoniales durante el sexenio.
Pero detrás de la cifra hay una realidad más compleja: la regularización no es únicamente un trámite registral, sino una puerta de entrada a derechos económicos, financieros y sociales que durante décadas fueron negados a comunidades marginadas.
Ese es el primer gran reto de Guzmán Dagnino: cumplir metas sin reducir el proceso a una lógica de números.
Regularizar implica diálogo con ejidos, conciliación de conflictos históricos, trabajo técnico en campo, coordinación con municipios y un entendimiento profundo del tejido social en cada territorio. No es una tarea que se pueda acelerar solo con voluntad; requiere institucionalidad, capacidad operativa… y paciencia política.
El segundo desafío está en el equilibrio entre regularización y planeación urbana. Dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra es indispensable, pero hacerlo sin visión de futuro puede reproducir los mismos patrones de crecimiento desordenado que hoy afectan a muchas ciudades.
El INSUS está llamado a ser algo más que un gestor de escrituras: debe convertirse en un actor clave del desarrollo territorial sostenible, donde vivienda, servicios, movilidad y medio ambiente caminen en la misma dirección.
A ello se suma un tercer nivel de exigencia: demostrar impacto social real. Una escritura cambia la vida de una familia, sí, pero su valor es pleno cuando se acompaña de acceso a servicios, infraestructura básica y oportunidades productivas.
La regularización sin inclusión puede convertirse en un acto simbólico; la regularización con desarrollo puede transformar comunidades.
Guzmán Dagnino llega con experiencia técnica y conocimiento institucional, pero también con la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana en una política que, históricamente, ha sido lenta, fragmentada o utilizada con fines clientelares en distintos periodos.
Su gestión será evaluada por su capacidad para acelerar resultados sin perder rigor jurídico, por su sensibilidad frente a las realidades locales y por la forma en que logre articular a los tres niveles de gobierno en un mismo propósito.
El INSUS tiene hoy la oportunidad de pasar de la regularización como respuesta tardía… a la regularización como instrumento de justicia territorial. Esa es la verdadera dimensión del reto.
Y será en ese punto —entre lo técnico y lo social, entre el papel y el territorio— donde se medirá el legado de Víctor Guzmán Dagnino.
MEDIDAS
El anuncio del Gobierno de Sinaloa de mantener durante 2026 una política de austeridad y orden en el gasto público confirma que la administración estatal ha optado por privilegiar la estabilidad financiera por encima de cualquier tentación expansiva del presupuesto.
La postura, expuesta por el subsecretario de Planeación, Inversión y Financiamiento, David Moreno Lizárraga, coloca al gobierno en una ruta de disciplina administrativa que busca evitar desequilibrios al cierre del año y blindarse frente a riesgos financieros que ya han afectado a otras instituciones del país.
La lógica es clara: prever, contener, priorizar.
El presupuesto —según lo señalado— responde a necesidades y propuestas de las dependencias, pero opera bajo un marco restrictivo propio de un gobierno que entra en su quinto año de ejercicio, una etapa donde los márgenes para la improvisación financiera suelen ser menores y la presión por cerrar con estabilidad aumenta.
La austeridad, en este contexto, no se presenta como un discurso político sino como un mecanismo de control presupuestal que pretende garantizar liquidez, cumplimiento de compromisos y capacidad de apoyo a municipios con rezagos.
Desde una perspectiva positiva, la continuidad de una política de disciplina fiscal puede interpretarse como una señal de responsabilidad gubernamental.
Evitar sobregasto, ordenar la operación administrativa, controlar contrataciones, eliminar privilegios y digitalizar procesos son prácticas que, bien ejecutadas, contribuyen a un uso más eficiente de los recursos públicos.
La afirmación de que Sinaloa no enfrenta problemas financieros graves —y que incluso ha podido respaldar a algunos municipios— sugiere que la estrategia ha generado márgenes de maniobra institucional en momentos de presión económica.
Sin embargo, la austeridad también plantea preguntas necesarias.
¿Hasta qué punto la contención del gasto permite sostener políticas públicas estratégicas sin afectar áreas sensibles como infraestructura social, servicios públicos o inversión en desarrollo regional?
¿La disciplina financiera opera como herramienta de orden administrativo o corre el riesgo de convertirse en una limitante para la atención de demandas ciudadanas crecientes?
En términos de gestión pública, gobernar con estabilidad es importante, pero gobernar con capacidad de respuesta lo es igualmente.
Otro ángulo relevante es el político-administrativo. Un gobierno que avanza hacia la última parte de su periodo apuesta por cerrar con cuentas claras, pero también debe garantizar que la austeridad no derive en inmovilidad institucional.
Las medidas de contención del gasto —como la reducción de gastos no esenciales, la racionalización del uso de recursos y la eliminación de compensaciones discrecionales— tienen sentido cuando fortalecen la transparencia y reorientan presupuesto a áreas prioritarias; pierden legitimidad cuando se perciben como simples recortes sin impacto social.
La discusión de fondo, entonces, no es solo si Sinaloa mantiene equilibrio financiero, sino cómo traduce esa estabilidad en bienestar tangible para la población.
La austeridad es sostenible cuando no se limita a resistir el déficit, sino cuando convive con inversión pública estratégica, eficiencia en programas sociales y fortalecimiento institucional.
El reto para 2026 será demostrar que la disciplina presupuestal no significa inmovilidad, sino gestión inteligente de los recursos.
Si la austeridad se convierte en un vehículo para mejorar el desempeño gubernamental y asegurar prioridades sociales, el gobierno habrá encontrado un punto de equilibrio.
Si, en cambio, se transforma en una barrera para la acción pública, la estabilidad financiera podría terminar conviviendo con una percepción de estancamiento.
Entre el orden administrativo y la capacidad de respuesta pública existe una línea delicada. La eficacia del modelo dependerá, en última instancia, no solo de cuánto se ahorra… sino de cómo y para qué se administra cada peso del presupuesto estatal.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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