Sesión Abierta / por Horacio Miranda
Cuando el costo de la energía eléctrica se convierte en el símbolo del desgaste e indiferencia.
Hay golpes que llegan sin avisar y estallan en lo cotidiano. Esta vez no hubo un proceso lento ni una molestia que se cocinara a fuego lento; el impacto de los recibos de energía eléctrica en Guasave fue inmediato, agresivo y de golpe. De la noche a la mañana, el malestar pasó de ser una preocupación privada a una indignación colectiva que se instaló en las salas de las casas, en las cajas de los pequeños negocios y en cada conversación familiar.
La escena en las oficinas de la CFE se ha vuelto un retrato de la impotencia: ciudadanos con recibos en mano buscando una explicación técnica que casi nunca llega, o que de llegar, resulta incomprensible. Comerciantes que hoy hacen cuentas no para invertir, sino para decidir qué gasto recortar para que el negocio siga operando. Familias enteras que, tras un mes de consumo aparentemente normal, se encuentran con facturas que descuadran por completo el presupuesto mensual. En medio de todo esto, crece una certeza peligrosa: la sensación de que el ciudadano está solo frente a un sistema que no escucha hasta que la queja se vuelve pública o el conflicto escala.
El problema de las tarifas en Sinaloa es una herida abierta que cicatriza mal. Cada temporada de calor se revive el mismo debate estéril sobre subsidios que resultan insuficientes frente a una realidad climática que no da tregua. En Guasave, el uso del aire acondicionado dejó hace mucho de ser una comodidad o un lujo de pocos; es una herramienta de supervivencia básica para enfrentar temperaturas que ponen en riesgo la salud. Ignorar esto desde la comodidad de una oficina con clima central es, por decir lo menos, un error de lectura social.
Políticamente, lo que estamos viendo es un síntoma de algo más profundo: la ausencia de una narrativa institucional que acompañe al ciudadano en su descontento. Cuando el problema se vuelve cíclico y nadie logra explicar con claridad qué está fallando o cómo se va a solucionar de fondo, el silencio oficial se traduce automáticamente como indiferencia. Y es precisamente ahí donde se genera el desgaste que las encuestas no siempre logran captar a tiempo: la erosión de la confianza.
En el ejercicio del poder, los asuntos que parecen puramente administrativos tienen el riesgo de convertirse en símbolos de injusticia. Los recibos de luz en nuestra región son exactamente eso. No representan solo un cobro elevado; son el recordatorio mensual de que el ingreso ya no rinde igual, de que el clima nos obliga a gastar lo que no tenemos y de que las instituciones suelen reaccionar solo cuando el agua les llega al cuello.
Cuando las autoridades permiten que estos conflictos cotidianos crezcan sin una atención real y transparente, terminan cediendo terreno al enojo y a la desconfianza. No es solo el monto de la factura lo que duele; es la percepción de abandono que generan los procesos burocráticos y la falta de empatía ante un problema que toca lo más sensible: la estabilidad del hogar.
Al final, la gente evalúa a sus gobiernos desde la realidad que toca su bolsillo, su colonia y su rutina. Los grandes discursos de transformación y cercanía se desmoronan cuando chocan con un recibo impagable. Detrás de cada reclamo hay cansancio, hay incertidumbre y, sobre todo, una pregunta que sigue buscando respuesta en los tres niveles de gobierno: ¿quién está realmente atendiendo los problemas que nos afectan todos los días?





