Ciudad de México.- El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una iniciativa de reforma para endurecer las sanciones contra las personas que cobran un salario en el servicio público sin desempeñar las funciones correspondientes, así como contra los funcionarios que autoricen, encubran o permitan este tipo de prácticas.
La propuesta plantea modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, con el objetivo de combatir las denominadas “plazas fantasma” y fortalecer la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.
De aprobarse, la reforma establecería responsabilidades tanto para quienes perciban remuneraciones sin trabajar como para servidores públicos de áreas administrativas, recursos humanos o mandos superiores que validen, procesen o mantengan esos pagos de manera irregular.
Durante la presentación de la iniciativa, Zamora Gastélum señaló que el uso indebido de recursos públicos mediante nóminas irregulares representa una forma de corrupción que afecta directamente a la ciudadanía.
“En México también se roba cuando alguien cobra sin trabajar. Y también cuando un funcionario lo autoriza, lo encubre o decide hacerse de la vista gorda”, expresó el legislador.
El diputado afirmó que cada recurso destinado a una plaza irregular deja de invertirse en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura, por lo que consideró necesario establecer consecuencias legales más severas para quienes participen en estos esquemas.
La iniciativa propone equiparar estas conductas al delito de desvío de recursos públicos y al de remuneración ilícita, además de establecer una inhabilitación obligatoria de entre 10 y 20 años para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales, dependiendo del daño ocasionado al erario.
Zamora Gastélum explicó que la reforma busca cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, garantizando que el ejercicio del presupuesto se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y honradez establecidos en la Constitución.
El legislador concluyó que la iniciativa pretende enviar un mensaje claro de que tanto quienes cobran sin trabajar como quienes lo permiten deberán responder ante la ley.
