Los Mochis, Sinaloa.- La discusión sobre el proyecto de la planta de fertilizantes que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretende construir en Topolobampo continúa avanzando. Este lunes se realizó la tercera mesa de diálogo, en la que participaron representantes del Gobierno de México, productores agrícolas, colectivos ciudadanos y la empresa, con el objetivo de analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de la obra.
La reunión se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, en Los Mochis, y fue encabezada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) como parte del proceso de diálogo impulsado por el Gobierno Federal.
Durante la sesión, las partes coincidieron en que el acceso a fertilizantes es un tema estratégico para el desarrollo del campo sinaloense y para la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, también reconocieron la necesidad de que cualquier proyecto garantice certeza ambiental, transparencia y beneficios claros para la población.
El Gobierno de México planteó que la empresa deberá construir compromisos concretos, verificables y transparentes con las comunidades, especialmente en materia social, económica y ambiental, antes de avanzar en el desarrollo del proyecto.
Por su parte, representantes de organizaciones agrícolas señalaron que los altos costos de los fertilizantes y la incertidumbre en el suministro afectan la competitividad del campo sinaloense. En ese sentido, solicitaron que cualquier beneficio ofrecido por la empresa quede establecido mediante acuerdos por escrito, particularmente en temas como precios, abasto y disponibilidad del producto.
Los productores también manifestaron su disposición para analizar los posibles impactos que la producción de amoníaco pudiera generar en la Bahía de Ohuira, al considerar que la actividad agrícola y la protección ambiental deben mantenerse en equilibrio.
En su exposición, Gas y Petroquímica de Occidente reiteró que la producción nacional de amoníaco es estratégica para reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la producción de fertilizantes en México. La empresa aseguró que está dispuesta a facilitar visitas técnicas, establecer convenios con productores y participar en programas de restauración ambiental junto con autoridades y comunidades.
Mientras tanto, el colectivo ciudadano que se opone al proyecto reiteró que su principal preocupación sigue siendo la ubicación de la planta y los posibles efectos sobre el ecosistema de la Bahía de Ohuira y las comunidades cercanas. Los representantes insistieron en que el análisis debe centrarse en determinar si el sitio elegido es ambientalmente viable y en garantizar que cualquier decisión se sustente en evidencia científica.
Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en continuar el análisis técnico de los aspectos ambientales, económicos y sociales que aún permanecen pendientes, privilegiando el diálogo y la información verificable como base para la toma de decisiones.
Las mesas de trabajo continuarán esta semana en la Universidad Autónoma de Occidente. La cuarta sesión estará enfocada en la situación ambiental de la Bahía de Ohuira, mientras que la quinta abordará las autorizaciones y obligaciones ambientales relacionadas con el proyecto.
