La UIF permitió el desbloqueo parcial de dos cuentas bancarias del gobernador con licencia, en cumplimiento de una resolución provisional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el resto de sus recursos continúa restringido.
Culiacán, Sinaloa.— Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, podrá volver a disponer de los recursos correspondientes a sus tres pensiones del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) autorizara el desbloqueo parcial de dos cuentas bancarias.
De acuerdo con información publicada por El Debate este 14 de noviembre, el monto anual de estas prestaciones asciende a un millón 538 mil 375 pesos, equivalente a aproximadamente 128 mil pesos mensuales.
La cantidad se distribuye de la siguiente manera:
- UAS: 731 mil 647 pesos anuales por concepto de jubilación.
- IMSS: 490 mil 626 pesos anuales por pensión de cesantía en edad avanzada.
- ISSSTE: 316 mil 102 pesos anuales por pensión de viudez.
La medida deriva de una suspensión provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), después de que Rocha Moya promoviera un procedimiento contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
La resolución permitió a la UIF liberar el acceso a las cuentas utilizadas para recibir dichas prestaciones, al considerar la protección legal que tienen las pensiones frente a medidas de embargo.
EL RESTO DE SUS RECURSOS CONTINÚA RESTRINGIDO
La autorización no representa el desbloqueo total de sus cuentas ni la liberación de todos sus recursos financieros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que únicamente podrá disponer de los depósitos correspondientes a las tres pensiones señaladas, mientras que el resto de sus operaciones y fondos permanece sujeto a las restricciones correspondientes.
El bloqueo de sus cuentas se produjo en mayo de 2026, después de que la UIF lo incorporara a la Lista de Personas Bloqueadas, en medio de señalamientos formulados por autoridades estadounidenses contra él y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La suspensión provisional permite el acceso a estos ingresos, pero no resuelve el procedimiento relacionado con las restricciones financieras ni determina responsabilidad penal respecto a los señalamientos.





