El relevo en la Secretaría de Transparencia genera expectativas de apertura ciudadana tras la desaparición de la CEAIP y en plena antesala del último tercio del sexenio.
Cuiliacan, sin.- Por las exigencias de renovación propias del inicio de año y en el contexto de la apertura del penúltimo año del sexenio, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizó cambios en su Gabinete que han sido interpretados como un posible reajuste en la política de transparencia y manejo de los recursos públicos. La decisión cobra relevancia luego de que el Congreso del Estado consumara, mediante un proceso acelerado, la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
La homologación de la legislación local con la federal en materia de rendición de cuentas detonó inconformidades, no por el fondo de la reforma, sino por la vía rápida utilizada y el incumplimiento del compromiso de Parlamento Abierto ofrecido a organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y combate a la corrupción.
Tras la desaparición de la CEAIP el pasado 18 de diciembre, el escenario parecía cerrado; sin embargo, el relevo en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas abre una ventana de expectativa para que el Ejecutivo estatal impulse una nueva Ley de Transparencia con mayor inclusión ciudadana y con la posibilidad de colocar a Sinaloa a la vanguardia en acceso a la información.
La salida de María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien encabezó la dependencia desde el inicio de la administración, no se percibe como una decisión irreflexiva. Por el contrario, se interpreta como una estrategia para proteger su figura en medio de la coyuntura política y del proceso de armonización normativa que se avecina, considerando además la relación personal y de confianza que mantiene con el mandatario estatal.
En su lugar, Rocha Moya propuso a la 65 Legislatura del Congreso del Estado a Sandra Guadalupe Ángulo Cázarez, cuyo perfil profesional en derecho, finanzas y normatividad organizacional, tanto en el sector público como privado, refuerza la expectativa de que se reactive la consulta e inclusión de expresiones cívicas en la construcción del nuevo marco legal.
Analistas coinciden en que, de haber sido intención del Gobernador continuar con la homologación sin participación social, el cambio en la titularidad de la Secretaría no habría sido necesario. De ahí que el movimiento sea leído como una señal de control de daños y de posible redireccionamiento en la política de transparencia, en un momento clave para el cierre del sexenio.
El ajuste ocurre en un contexto nacional marcado por la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información, decisión asumida por la Cuarta Transformación y que ahora se replica en los estados. En Sinaloa, las próximas semanas serán determinantes para confirmar si el Gobierno estatal atenderá el llamado de las organizaciones civiles que demandan diálogo y acuerdos para fortalecer el manejo transparente de las finanzas públicas, en la antesala de la prueba política que definirá la continuidad del proyecto de Morena en la entidad.
