Gobierno federal y estatal coinciden: acusaciones carecen de sustento y tienen tintes políticos
Culiacán, Sinaloa. — La tensión diplomática entre México y Estados Unidos escaló luego de que autoridades estadounidenses señalaran a funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, en presuntas investigaciones sin sustento probatorio, lo que provocó una respuesta firme del Gobierno de México en defensa de la soberanía nacional.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos carecen de pruebas y responden a intereses políticos. Bajo esa premisa, dejó claro que México no permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden exclusivamente al país.

La postura presidencial fue respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR), que desestimó la viabilidad inmediata de cualquier acción legal derivada de dichas solicitudes. El órgano federal señaló inconsistencias graves, entre ellas la ausencia de evidencias contundentes y la violación de protocolos internacionales de confidencialidad por parte de autoridades estadounidenses.

En ese mismo sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las solicitudes de detención con fines de extradición no cumplen con los requisitos legales establecidos en el tratado bilateral, por lo que será la FGR quien determine si existe algún elemento jurídico que permita avanzar.

En el plano local, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que demostrará su falsedad. Afirmó que estas acusaciones no solo son un ataque personal, sino también un intento de vulnerar el proyecto político que representa.

El caso ha puesto sobre la mesa tres ejes clave: la defensa del debido proceso, el respeto a la soberanía nacional y la exigencia de pruebas en cualquier procedimiento internacional. Mientras tanto, el Gobierno de México mantiene una postura clara: colaboración sí, subordinación no.