🟦 Sesión Abierta / por Horacio Miranda
Guasave, Sin.- Pocos son los agricultores que participan en las movilizaciones campesinas. Y eso, más que indiferencia, es síntoma del agotamiento de un modelo que estranguló al campo mexicano desde hace décadas. Los ejidos se convirtieron en propiedad privada de los nuevos dueños del dinero, favorecidos por aquella reforma al artículo 27 constitucional que impulsó Carlos Salinas de Gortari y que, bajo el argumento del “progreso”, abrió la puerta al regreso de los viejos latifundistas, ahora disfrazados de empresarios agrícolas.
Aquella reforma no vino sola: trajo consigo el desmantelamiento de la Conasupo, la desaparición de los precios de garantía y el ingreso al Tratado de Libre Comercio que condenó a nuestros productores a competir en desigualdad con un mercado globalizado. El resultado fue devastador: ruina del campesino, abandono de las tierras y concentración del poder económico en pocas manos.
Hoy, los que antes criticaban las protestas son los mismos que ahora salen a las carreteras exigiendo justicia. El diálogo nacional entre productores, industriales y el Gobierno Federal colapsó este lunes tras el rechazo de la industria a pagar los 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, reduciendo su oferta a 5 mil 800. El acuerdo, que parecía inminente, se vino abajo por una maniobra de última hora que dejó en evidencia la fragilidad del campo ante los intereses económicos.
Los dirigentes de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, confirmaron la ruptura y el inicio de tomas de carreteras y casetas en Sinaloa y el resto del país, los productores mantienen el paso libre como forma de protesta pacífica, pero el mensaje es claro: no habrá marcha atrás hasta que se escuche su reclamo.
Detrás del conflicto no solo está el precio del maíz; está la exigencia de una política agrícola digna, de reformas estructurales reales y de la defensa del agua de riego frente a una inminente reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La lucha también pone sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo económico impuesto por el libre comercio, que sigue atando el valor de nuestros granos a la Bolsa de Chicago mientras el productor nacional apenas sobrevive.
El campo mexicano ya no grita por subsidios: exige respeto, soberanía alimentaria y justicia social. Pero la distancia entre el escritorio de los funcionarios y las manos que siembran la tierra sigue siendo abismal.
Hoy las carreteras reflejan un país que protesta porque el diálogo institucional fracasó. Y mientras las élites discuten cifras, los campesinos recuerdan en cada kilómetro tomado que el maíz no solo alimenta al país: lo sostiene.
Quizá por eso hay “poca gente” en las manifestaciones… porque muchos ya entendieron que el sistema no se cambia marchando, sino rompiendo con la inercia de la indiferencia.
