Fiscalía defiende soberanía y debido proceso en caso que involucra a funcionarios de Sinaloa
Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) cerró filas en torno al caso que involucra a funcionarios sinaloenses, al señalar que la solicitud de detención emitida por autoridades de Estados Unidos no cumple con los requisitos legales mínimos y, además, vulnera protocolos internacionales de confidencialidad.
A través de su vocero y Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, la institución fue contundente: no existen pruebas suficientes para proceder penalmente en México, lo que frena cualquier intento inmediato de acción judicial contra los señalados, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El posicionamiento marca un punto de inflexión en el caso. La FGR dejó claro que una acusación, por sí sola, no constituye evidencia, y que conforme al tratado bilateral de extradición, se requieren elementos probatorios sólidos que acrediten la posible comisión de un delito, lo cual hasta ahora no ha sido presentado.
Pero el mensaje fue más allá del ámbito jurídico. La Fiscalía evidenció una contradicción del propio gobierno estadounidense, al señalar que, pese a solicitar confidencialidad en el manejo del caso, la información fue filtrada públicamente, lo que representa una violación directa a los principios establecidos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
En el terreno constitucional, la FGR recordó que cualquier proceso contra un gobernador en funciones debe pasar primero por un juicio de procedencia para retirar el fuero, lo que blinda legalmente al mandatario estatal frente a acciones inmediatas.
Aun así, la institución adelantó que abrirá una investigación propia para recabar información, subrayando que su actuación estará basada en la legalidad, la presunción de inocencia y la defensa de la soberanía nacional.
El mensaje final no deja margen a interpretaciones: México no actuará bajo presión externa ni fuera del marco legal. La ruta, advierte la Fiscalía, es clara: sin pruebas, no hay proceso.
