Nueva disposición obligará a solicitantes de residencia permanente a salir de Estados Unidos mientras se resuelve su trámite consular
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció una nueva política migratoria que podría impactar de manera directa a miles de familias latinas que actualmente buscan regularizar su situación migratoria mediante la residencia permanente, conocida como Green Card.
La medida fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional, el cual informó que los solicitantes deberán abandonar obligatoriamente territorio estadounidense para completar el proceso consular de sus visas desde sus países de origen o desde embajadas autorizadas en el extranjero.
La nueva disposición representa un cambio significativo en los procedimientos migratorios, ya que anteriormente algunos solicitantes podían continuar sus trámites sin necesidad de salir del país bajo ciertos esquemas legales.
Especialistas en inmigración y organizaciones defensoras de derechos migrantes advirtieron que esta política podría provocar la separación inmediata y prolongada de miles de familias, particularmente de matrimonios donde uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense y el otro permanece en situación migratoria irregular.
Abogados migratorios señalaron que muchos solicitantes podrían enfrentar largos periodos de espera fuera de Estados Unidos mientras sus casos son analizados por autoridades consulares, generando incertidumbre económica y emocional para padres, madres e hijos.
La preocupación también creció entre comunidades latinas debido al temor de que algunos solicitantes enfrenten restricciones para regresar al país o retrasos prolongados en la aprobación de sus documentos migratorios.
Diversas organizaciones civiles criticaron la medida al considerar que endurece aún más las políticas migratorias y aumenta la vulnerabilidad de familias que llevan años viviendo y trabajando en territorio estadounidense.
Mientras tanto, autoridades federales defendieron la decisión argumentando que busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y fortalecer los procesos de verificación antes de otorgar la residencia permanente.
La implementación de esta política ocurre en medio de un clima político marcado por el debate migratorio rumbo al próximo proceso electoral en Estados Unidos.
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