El gobierno estatal plantea un nuevo modelo institucional tras la desaparición del organismo anterior.
Culiacán, Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa impulsa una nueva Ley de Transparencia que promete simplificar el acceso a la información pública y reducir los procesos burocráticos, en un contexto de reconfiguración institucional derivado de reformas federales recientes.
El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que la iniciativa, actualmente en análisis en el Congreso del Estado, busca garantizar que ciudadanos y medios puedan obtener información de manera más ágil y directa, sin los obstáculos administrativos que históricamente han limitado este derecho.
La propuesta contempla la creación de un organismo desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, el cual estaría adscrito a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, sustituyendo a la anterior Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Por su parte, la secretaria de Transparencia, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, explicó que una vez aprobada la ley, se emitirá un reglamento interior que definirá con precisión las funciones del nuevo ente, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el derecho a saber.
Este cambio no ocurre en el vacío. Forma parte de una serie de ajustes a nivel nacional en materia de transparencia, derivados de modificaciones a la legislación general que entraron en vigor en 2025. En Sinaloa, el proceso avanzó con la extinción del organismo anterior en febrero de 2026 y la presentación formal de la nueva iniciativa en abril del mismo año.
Entre los puntos clave, la propuesta también incluye mecanismos más claros de sanción para quienes incumplan con la entrega de información, lo que busca reforzar la responsabilidad de los sujetos obligados.
Sin embargo, el rediseño institucional abre una discusión más amplia. Por un lado, se plantea mayor eficiencia y simplificación; por otro, surge el cuestionamiento sobre el nivel de autonomía real del nuevo organismo al estar adscrito a una dependencia del Ejecutivo.
El reto no es menor.
Lograr un equilibrio entre agilidad administrativa y verdadera independencia en la transparencia.
Porque en el fondo, el acceso a la información no solo depende de procesos más rápidos… sino de la confianza en quien los controla.
