Gobierno federal afirma avances con agricultores, especialmente en Sinaloa, ante movilizaciones en el país

Ciudad de México.- En medio de un paro nacional convocado por productores agrícolas y transportistas en al menos 20 estados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no existen condiciones que justifiquen las movilizaciones, al asegurar que su gobierno ha logrado avances importantes en acuerdos con el sector.

Durante su conferencia matutina, la mandataria enfatizó que ya existe entendimiento con agricultores, particularmente en Sinaloa, una de las entidades clave en la producción de granos, de cara a la próxima cosecha.

“El diálogo está abierto y las demandas se están atendiendo”, señaló, al tiempo que subrayó que su administración ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos en apoyos directos para más de 40 mil productores desde noviembre pasado.

El contexto no es menor. La caída en los precios internacionales de granos como maíz, frijol, sorgo y trigo ha presionado los ingresos del campo mexicano, obligando a implementar medidas de compensación y acuerdos con compradores para priorizar el consumo nacional antes que la importación.

Además del apoyo económico, el gobierno federal ha involucrado a estados en esquemas de respaldo al campo, mientras que en el caso de transportistas se atienden temas relacionados con seguridad carretera, trámites e infraestructura.

Sin embargo, pese a estos avances, grupos de productores y transportistas mantienen presencia en carreteras y puntos estratégicos del país, incluyendo Sinaloa, donde se han reportado movilizaciones en casetas y tramos federales.

La presidenta también matizó el origen del conflicto, al señalar que las protestas son impulsadas por un grupo reducido de liderazgos, no por la mayoría del sector que ya participa en mesas de negociación.

En paralelo, otro de los temas sensibles es el manejo del agua. El gobierno federal busca equilibrar el abasto para consumo humano y el uso agrícola, en un escenario de disponibilidad limitada, lo que ha llevado a revisar con mayor frecuencia los acuerdos de distribución.

Más allá del posicionamiento oficial, el fondo del conflicto revela una tensión estructural: un campo expuesto a factores globales, con márgenes cada vez más estrechos y una dependencia creciente de decisiones públicas para sostener su viabilidad.