La Corte analiza si deben seguir invalidándose leyes aprobadas sin consulta previa; activistas piden no retroceder en derechos.
Ciudad de México | Lunes 20 de octubre de 2025.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió por primera vez una Audiencia Pública con personas con discapacidad, en el marco del análisis de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, donde se revisa si deben invalidarse las leyes aprobadas sin haber consultado previamente a este sector de la población.
El caso surgió en Michoacán, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos impugnara artículos de la Ley Orgánica local sobre visitas a albergues y centros psiquiátricos, al considerar que fueron aprobados sin consulta previa.
La ministra ponente Lenia Batres Guadarrama explicó que el Pleno revisa el criterio adoptado en 2016, que ordenaba anular toda norma aprobada sin consulta a personas con discapacidad. Señaló que, entre 2016 y 2024, la Corte invalidó 50 disposiciones, de las cuales 47 ampliaban derechos y solo tres los restringían, por lo que busca ajustar este criterio para evitar retrocesos innecesarios.
“Lo que discutimos es si una norma que amplía derechos debe anularse por falta de consulta, aun cuando cumpla con los estándares internacionales”, expuso el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
La propuesta en análisis plantea que las acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta solo puedan presentarse a solicitud de personas con discapacidad, con al menos 15 firmas, conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También propone no invalidar normas que repliquen derechos ya reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales.
Durante la audiencia, activistas como Miguel Ángel Miranda Aquino advirtieron que este nuevo requisito podría limitar el acceso a la justicia constitucional, al representar una carga difícil de cumplir. Otros, como Ángel Ibarra Jasso, exigieron que los congresos realicen consultas territoriales y accesibles, mientras que la académica Patricia Broña, de la UNAM, propuso una ley específica de consulta para personas con discapacidad.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió mantener el criterio vigente que obliga a los congresos a realizar consultas significativas y previas, subrayando que cambiarlo podría convertir nuevamente a las personas con discapacidad en sujetos pasivos de las decisiones legislativas.
“No puede haber ni debe haber proyecto antes de escuchar a las personas con discapacidad. Hacerlo sería una falta de respeto a esta audiencia y a quienes participan en ella”, enfatizó Esquivel Mossa.
Con este ejercicio, la Corte busca escuchar directamente las voces de quienes serán impactados por su decisión, antes de definir si mantiene o modifica el precedente establecido en 2016.
🟥 #Nacional / La SCJN escuchó a personas con discapacidad antes de decidir si se modificará el criterio que invalida leyes aprobadas sin consulta previa. Activistas advierten riesgo de retroceso en derechos.
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