Ciudad de México. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió siete juicios fiscales que obligan al empresario Ricardo Salinas Pliego a pagar aproximadamente 48 mil 326.8 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), una deuda que se arrastra desde hace más de una década.
La sesión, que inició a las 10:47 horas del jueves, concentró 15 asuntos derivados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los ministros ratificaron diversas sentencias que ordenan a empresas del conglomerado Grupo Salinas cubrir adeudos fiscales relacionados con ISR y otros créditos impugnados desde ejercicios que van de 2006 a 2014.
Tras la resolución, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que calificó la jornada como “un día negro para la justicia” y aseguró que la firma no se doblegará. Adelantó que acudirá a instancias nacionales e internacionales, acusando a la Corte de actuar con parcialidad.
“Frente a una Corte espuria que viola derechos humanos seguiremos defendiendo nuestras causas”, señaló el mensaje publicado en X. El pronunciamiento también advierte que el fallo envía “una señal de alerta” para la inversión y la confianza empresarial en el país.
La cifra que deberá pagar el empresario quinto más rico de México según Forbes, con una fortuna cercana a cinco mil millones de dólares equivale casi al presupuesto conjunto de seis dependencias federales, entre ellas Gobernación, Turismo y la Oficina de la Presidencia.
Además, los adeudos de Grupo Salinas superan lo que otras grandes empresas como Walmart, América Móvil, IBM y Grupo Modelo pagaron al SAT durante el sexenio anterior.
Aún permanecen activos otros procesos relevantes: 32 juicios fiscales en curso por 74 mil millones de pesos, así como ocho litigios reportados ante la Bolsa Mexicana de Valores por más de 29 mil 805 millones.
En respuesta a la confrontación, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante una gira en el Estado de México: “Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas”.
Grupo Salinas insistió en que permanece a la espera de una determinación precisa del SAT sobre el monto de los créditos fiscales, acusando “silencio administrativo” y retrasos deliberados. La empresa afirma estar dispuesta a pagar sus adeudos, pero rechaza lo que considera “extorsiones abusivas e ilegales”.
