La presidenta aclaró que la iniciativa pretende reducir los tiempos de los juicios y evitar abusos en las suspensiones, sin afectar el derecho de los ciudadanos a la protección frente a actos de autoridad.
Ciudad de México.— Ante las críticas sobre una posible aprobación apresurada de la reforma a la Ley de Amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el propósito central de la iniciativa es reducir los tiempos en los juicios, que actualmente pueden prolongarse hasta 15 o 20 años. Subrayó que se busca agilizar los procesos judiciales sin poner en riesgo la figura del amparo, considerada un mecanismo esencial de defensa de los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad.
En conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada sobre la presunta responsabilidad del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, en la incorporación del artículo transitorio que ha generado controversia por su posible aplicación retroactiva. Al respecto, la mandataria federal señaló que el Senado actúa con plena autonomía y que, según explicó, los legisladores consideraron que dicho artículo está en concordancia con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con estos criterios, explicó, en los juicios en curso se aplicará la ley vigente en la etapa procesal en que se encuentren, mientras que en las etapas sucesivas se implementará la nueva legislación. No obstante, reconoció que la redacción inicial del artículo era confusa y podía prestarse a una mala interpretación sobre una posible retroactividad.
“La intención nunca fue aplicar la ley de forma retroactiva. Lo que se busca es claridad y que los procedimientos sean más rápidos y justos”, puntualizó Sheinbaum.
La presidenta también destacó que la reforma pretende evitar abusos en el uso de las suspensiones otorgadas por jueces. Como ejemplo, mencionó los casos en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela cuentas por presunto lavado de dinero, y los afectados obtienen suspensiones que les permiten vaciar los fondos.
“Queremos que cuando la UIF congele cuentas, estas permanezcan en esa condición hasta que concluya el juicio. No se trata de eliminar derechos, sino de impedir que se usen los recursos de manera indebida”, agregó.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca equilibrar la protección de los derechos ciudadanos con la eficacia de la justicia, asegurando que los procesos judiciales sean más breves y transparentes.
