La iniciativa enviada al Senado plantea reducir presupuesto a partidos, limitar sueldos y modificar reglas electorales rumbo a 2027
Ciudad de México. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este martes al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, una propuesta que busca reducir el costo del sistema político-electoral y endurecer los controles sobre el uso de recursos públicos por parte de partidos y autoridades.
Desde su conferencia matutina, la mandataria dejó claro el eje central de la iniciativa: bajar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y limitar el financiamiento a los partidos políticos, bajo el argumento de que el actual modelo representa un gasto excesivo para el país.
La reforma contempla cambios tanto constitucionales como a leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Entre los puntos más relevantes, se propone fijar topes al gasto en congresos locales con un límite del 0.7 por ciento del presupuesto estatal y reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, que oscilarían entre siete y 15 dependiendo de la población.
Además, se establece que ningún funcionario público, dirigente partidista o autoridad electoral podrá percibir un salario mayor al de la presidenta, incluyendo consejeros del INE, integrantes de organismos electorales locales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que la iniciativa busca eliminar privilegios y reforzar el principio de austeridad, al tiempo que incorpora nuevas reglas de fiscalización. Entre ellas, destaca la obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados, así como la prohibición de recibir recursos de origen no comprobable, en efectivo o provenientes del extranjero.
Otro cambio relevante es el ajuste en los tiempos del cómputo electoral, que iniciaría desde la llegada del primer paquete de votos, además de ampliar la posibilidad de realizar consultas de revocación de mandato a partir del tercer año de gobierno.
En materia electoral, la propuesta mantiene la elección judicial prevista para 2027, aunque con un menor número de candidaturas para fortalecer los filtros de selección.
De acuerdo con el gobierno federal, estas medidas permitirían generar un ahorro estimado de hasta cuatro mil millones de pesos, recursos que podrían redirigirse a obras públicas en estados y municipios.
El debate ahora se traslada al Senado, donde esta reforma de alto impacto político marcará una nueva batalla entre austeridad, control institucional y el modelo democrático que definirá los próximos procesos electorales en México.
