La iniciativa plantea reducir 25% el presupuesto electoral, eliminar listas plurinominales en el Senado y reforzar fiscalización con la UIF
Ciudad de México. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este martes a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, una iniciativa que redefine el modelo de representación proporcional, reduce el gasto público en materia electoral y amplía mecanismos de participación ciudadana.
El eje central es la modificación del esquema de legisladores plurinominales. En el caso del Senado de la República desaparecería la representación proporcional por listas, con el argumento de que los representantes deben surgir del voto directo y no de decisiones partidistas internas. La presidenta sostuvo que no se elimina la proporcionalidad política, sino el mecanismo de listas definidas por cúpulas.
La propuesta contempla una reducción del 25% al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y del financiamiento a partidos políticos. Como referencia, la elección federal de 2024 tuvo un costo aproximado de 64 mil millones de pesos.
En materia de fiscalización, se plantea fortalecer la supervisión del uso de recursos públicos mediante coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La iniciativa también establece que los mexicanos residentes en el extranjero definan ocho diputaciones correspondientes al partido que obtenga mayoría, mantiene los tiempos oficiales en radio y televisión —aunque reduce los espacios contratados— y prohíbe la compra externa de propaganda. Además, cualquier contenido político generado con inteligencia artificial deberá advertirse expresamente.
En el plano operativo, propone que los cómputos distritales inicien el mismo día de la jornada electoral y no hasta el miércoles siguiente, como ocurre actualmente, lo que impactaría directamente en la dinámica del PREP.
A nivel local, bastará el 2% de la lista nominal para solicitar consultas ciudadanas en estados y municipios, ampliando la democracia participativa.
La reforma también retoma la prohibición del nepotismo y confirma el principio de no reelección para cargos de elección popular a partir de 2030. Aunque no elimina el fuero legislativo, al impedir la reelección permitiría que, al concluir el periodo, los representantes puedan enfrentar procesos judiciales sin protección prolongada.
La discusión ahora queda en manos del Congreso. Más allá del debate político, el alcance de la reforma redefine el equilibrio entre representación, financiamiento y control electoral en México.
