Cabildo cuestiona casi 4.9 millones de pesos pagados por recuperación de cartera vencida y exige esclarecer responsabilidades por el hundimiento de una obra de 19 millones
La pasada administración municipal, encabezada por Martín Ahumada Quintero, vuelve a quedar bajo la lupa del Cabildo de Guasave, luego de que durante la sesión 53 se expusieran nuevos elementos relacionados con dos asuntos que involucran recursos públicos: la contratación de un despacho para recuperar cartera vencida y las fallas registradas en la calle Cuauhtémoc, obra que tuvo una inversión cercana a los 19 millones de pesos.
Los señalamientos fueron planteados en asuntos generales por integrantes del Cabildo, quienes pidieron que ambos casos sean revisados a fondo y, de encontrarse responsabilidades, se proceda conforme corresponda.
Casi 5 millones para un despacho, la regidora Soila Lascano Bacasegua presentó información obtenida de la Tesorería Municipal sobre los pagos realizados durante 2023 y 2024 a un despacho contratado para realizar trabajos relacionados con la recuperación de cartera vencida.
De acuerdo con la documentación referida en Cabildo, durante ese periodo se emitieron 40 facturas por un monto acumulado de 4 millones 946 mil 881 pesos, de los cuales se habrían pagado 4 millones 890 mil 333.85 pesos.
La cifra llamó la atención de la regidora debido a que el Ayuntamiento ya contaba con personal y mecanismos propios para realizar labores de cobranza.
Como referencia, señaló que únicamente entre enero y febrero de 2023 se habían recuperado 662 mil 860 pesos por concepto de gastos de ejecución, lo que, desde su perspectiva, abre la necesidad de revisar qué justificación existía para entregar recursos a un tercero por una función que ya realizaba la administración municipal.
Lascano Bacasegua también puso sobre la mesa los cobros registrados en recibos oficiales del impuesto predial bajo el concepto de “gastos de ejecución extraordinarios de cobranza”, algunos de los cuales, afirmó, llegaron a representar hasta el 50 por ciento o más del adeudo principal.
La regidora reconoció que este tipo de cobros está contemplado en el Código Fiscal Municipal. El cuestionamiento, explicó, está relacionado con el destino de los recursos y con la necesidad de determinar si la contratación del despacho representó un beneficio para las finanzas municipales y si los pagos efectuados estuvieron debidamente sustentados.
La calle Cuauhtémoc, otro expediente pendiente, a este asunto se suma uno de los casos que más preocupa por el impacto directo sobre la infraestructura urbana: el hundimiento de la calle Cuauhtémoc, después de una obra que representó una inversión cercana a los 19 millones de pesos.
El regidor Noé Molina Ortiz planteó la necesidad de que se determinen responsabilidades entre quienes participaron en la ejecución, supervisión o autorización de los trabajos durante la administración anterior.
La discusión cobra relevancia porque el deterioro o falla de una obra recientemente intervenida no representa únicamente un problema técnico. También obliga a revisar cómo fueron planeados los trabajos, qué mecanismos de supervisión se aplicaron y si se cumplieron las condiciones establecidas en el proyecto.
El síndico procurador Fred Flores Rubio informó que el Órgano Interno de Control ya da seguimiento al caso de la calle Cuauhtémoc y que la revisión deberá ir más allá de los montos que anteriormente fueron observados.
Precisó que existen observaciones por casi 2 millones de pesos hasta octubre de 2024, pero señaló que también se revisarán a fondo los pagos efectuados al despacho, así como los resultados obtenidos desde el momento de su contratación.
La revisión busca establecer si los procedimientos administrativos se realizaron conforme a la normatividad y, en caso de encontrar elementos suficientes, determinar las responsabilidades correspondientes.
Los dos casos tienen una característica en común: involucran decisiones tomadas durante la administración anterior y recursos públicos que ahora están siendo revisados.
Por un lado, está el pago de casi 4.9 millones de pesos a un despacho por trabajos de recuperación de cartera vencida, cuando el Ayuntamiento ya contaba con personal para realizar labores de cobranza.
Por otro, una obra cercana a los 19 millones de pesos terminó presentando problemas en la calle Cuauhtémoc, generando cuestionamientos sobre su ejecución y supervisión.
Por ahora, no se ha establecido una responsabilidad definitiva en ninguno de los dos casos. La investigación y las revisiones administrativas tendrán que determinar si existieron irregularidades, quiénes participaron en las decisiones y, en su caso, qué consecuencias administrativas o legales corresponden.
El punto central para el actual Ayuntamiento será que estas investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias administrativas sin convertirse únicamente en señalamientos políticos. La ciudadanía necesita conocer cuánto se pagó, qué se recibió a cambio, por qué se tomaron determinadas decisiones y, sobre todo, si los recursos públicos fueron utilizados correctamente.
