La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la medida deriva de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación; también se investigan posibles irregularidades y lavado de dinero en contrataciones de materiales electorales.

Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el congelamiento de cuentas relacionadas con empresas señaladas por presuntas irregularidades en contratos para la fabricación y suministro de materiales electorales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina del 5 de noviembre, la mandataria explicó que la medida se tomó a partir de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que también comenzó auditorías a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Sheinbaum señaló que el objetivo es fortalecer la transparencia en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos estatales, de cara al proceso electoral de 2027. Además, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, institución que participaría en la producción de materiales electorales.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso que entre 2014 y 2023 se detectaron omisiones en contrataciones realizadas por 23 OPLE, en las que se asignaron más de dos mil millones de pesos a un grupo de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Entre las compañías mencionadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVLY.

De acuerdo con la funcionaria, en los procedimientos de licitación presuntamente se simulaba competencia mediante acuerdos entre proveedores para definir quién obtendría los contratos. También señaló coincidencias en domicilios y teléfonos, así como posibles mecanismos para distribuir los recursos entre distintas empresas y ocultar a los beneficiarios finales.

La presidenta indicó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan revisiones para determinar si existen operaciones relacionadas con lavado de dinero. Precisó que, de encontrarse elementos suficientes, la UIF podría presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum sostuvo que las investigaciones y auditorías buscan esclarecer las contrataciones, fortalecer los mecanismos de vigilancia y garantizar mayor certeza y transparencia en la organización de las próximas elecciones.