Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades federales mexicanas no mantienen ninguna investigación abierta contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con grupos criminales.

Durante declaraciones públicas, el funcionario señaló que, desde la perspectiva de las instituciones de seguridad mexicanas, no se detectaron elementos, conductas o indicios que permitieran establecer una relación del mandatario sinaloense con estructuras del crimen organizado.

García Harfuch subrayó que, durante la administración federal actual, las operaciones del Gabinete de Seguridad en Sinaloa se desarrollaron sin obstáculos, permitiendo la captura de objetivos prioritarios, personas con procesos de extradición y diversos generadores de violencia.

Estas declaraciones surgen en un contexto marcado por los señalamientos emitidos recientemente por autoridades judiciales de Estados Unidos, particularmente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses en acusaciones relacionadas con presuntas conexiones con la facción de “Los Chapitos”.

Las imputaciones estadounidenses señalan posibles vínculos con operaciones de tráfico de fentanilo, protección institucional y facilidades logísticas para actividades criminales.

Sin embargo, la postura del gobierno mexicano refleja una línea distinta, al sostener que no existen investigaciones nacionales en curso sobre el gobernador con licencia.

Más allá del contraste entre ambas narrativas, el caso evidencia una creciente tensión política, diplomática y judicial en torno a la relación entre seguridad pública, soberanía institucional y cooperación binacional.

El tema no solo impacta el presente político de Sinaloa, sino que podría redefinir parte del debate nacional sobre seguridad, legitimidad y responsabilidad de actores públicos frente a acusaciones internacionales.