Los Mochis.- Habitantes de Topolobampo, Los Mochis y comunidades cercanas a la Bahía de Ohuira fueron convocados a recibir asesoría jurídica para promover amparos contra el proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al considerar que existen preocupaciones relacionadas con posibles afectaciones ambientales y el derecho a una consulta informada.
El llamado fue realizado por el abogado David Elenes Machado durante una jornada de protesta organizada por ciudadanos y grupos opositores al proyecto industrial. El litigante explicó que las personas que habitan dentro de un radio de 45 kilómetros alrededor de la planta podrían contar con interés legítimo para solicitar la protección de la justicia federal mediante juicios de amparo.
Según expuso, la estrategia legal busca que un juez revise posibles actos u omisiones relacionados con derechos humanos, particularmente en materia de medio ambiente sano y participación ciudadana en procesos de consulta.
Elenes Machado señaló que la convocatoria está dirigida a residentes de Topolobampo, Los Mochis, Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones, Rosendo G. Castro y otras comunidades ubicadas dentro del área que consideran de posible influencia del proyecto.
Durante la reunión, explicó que cada persona puede promover su propio recurso legal, ya que los amparos serían de carácter individual y permitirían a los ciudadanos defender directamente sus derechos ante las autoridades competentes.
Uno de los temas centrales abordados durante la orientación jurídica fue el proceso de consulta indígena realizado en torno al proyecto. Los opositores sostienen que la revisión debe enfocarse en las comunidades más cercanas a la planta, mientras que los defensores del proyecto argumentan que el procedimiento se desarrolló conforme a los mecanismos establecidos por las autoridades.
El abogado indicó que la asesoría será gratuita y que los interesados únicamente deberán presentar una copia de su credencial de elector para integrarse a la estrategia jurídica.
La promoción de estos amparos ocurre en medio del debate que mantiene divididas opiniones en la región sobre la construcción de la planta de amoniaco. Mientras grupos ambientalistas, pescadores y ciudadanos expresan preocupaciones por posibles impactos ecológicos y sociales, otros sectores consideran que el proyecto representa una oportunidad de desarrollo económico e inversión para el norte de Sinaloa.
El proceso legal anunciado se suma a las acciones sociales y de protesta que diferentes organizaciones han impulsado en los últimos meses en torno a uno de los proyectos industriales más discutidos en la entidad.
