Culiacán, Sinaloa.- En medio del proceso de armonización de la Ley de Transparencia en Sinaloa, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción planteó la necesidad de abrir el debate a la sociedad mediante parlamentos abiertos en distintas regiones del estado.
La presidenta del organismo, Lucía Mimiaga, informó que sostuvieron una reunión con integrantes del Comité Coordinador, convocada por la Comisión de Participación Ciudadana, Anticorrupción y Transparencia del Congreso, con el objetivo de establecer una ruta de diálogo para discutir el contenido de la nueva legislación en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
El planteamiento central del CPC es claro: evitar decisiones cerradas y construir una reforma con participación real. Por ello, proponen mesas de consulta en las zonas norte, centro y sur del estado, que permitan recoger propuestas ciudadanas y fortalecer el marco legal más allá de lo establecido a nivel federal.
La urgencia no es menor. El decreto fue publicado el pasado 6 de febrero y el Congreso cuenta con un plazo de 120 días para armonizar la ley, lo que abre la posibilidad de que el proceso se acelere sin discusión amplia. Desde el CPC advierten que repetir esquemas anteriores, donde no se incorporaron voces ciudadanas, sería un retroceso.
Entre las propuestas destaca la creación de un consejo consultivo con mayores facultades, incluyendo la posibilidad de proponer perfiles ciudadanos mediante procesos abiertos, con el fin de evitar designaciones basadas en cuotas políticas. También se plantea la conformación de un organismo descentralizado en materia de transparencia, que garantice autonomía operativa y no dependa de estructuras gubernamentales que puedan limitar su función.
El fondo del debate va más allá de lo técnico. El CPC insiste en que la nueva legislación debe construirse con un enfoque de derechos humanos, especialmente en un contexto donde el acceso a la información y la libertad de expresión enfrentan retos importantes.
La advertencia es directa: reducir o debilitar estos derechos no solo sería un error legislativo, sino una señal preocupante sobre el rumbo institucional en el estado.
